Enfado y alegaciones ante la decisión de dejas sin ayudas de la PAC a la superficie quemada por incendios forestales

Fuente: www.agroinformacion.com

La Unión de Campesinos Asturias (UCA) ha trasladado a la Consejería de Desarrollo Rural sus alegaciones ante la decisión del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de que las áreas afectadas por incendios no autorizados no puedan recibir ayudas de la UE a través de la Política Agrícola Común (PAC).

Según notificó el FEGA a la Consejería, esas zonas se deberán asimilar al suelo desnudo (sin vegetación) y los solicitantes de subvenciones deben descontarlas por el coeficiente de admisibilidad de pastos o la delimitación de un recinto Sigpac (sistema de información geográfica de parcelas agrícolas) de uso improductivo.

Además, precisó que la superficie declarada ha de ser admisible (estar en buenas condiciones todo el año natural) de forma que, una vez que la Consejería declare que se ha restaurado la cubierta vegetal y que la superficie vuelve a tener un uso agrario, el FEGA estimará que ese terreno es admisible para la percepción de las ayudas directas de la PAC a partir del 1 de enero del año siguiente.

Creen que la medida no tiene “ni fundamentación técnica ni jurídica de derecho de los afectados”

En un comunicado, el sindicato agrario, que planteará una reunión al FEGA para abordar esta cuestión, señala que solamente se deberían descontar las zonas herbáceas y arbustivas durante el tiempo real en el que el suelo está verdaderamente desnudo, como recalca en sus alegaciones.

Asimismo, aseguran que sí se entenderían “castigos” de este tipo para aquellos beneficiarios de ayudas PAC “totalmente identificados como productores de incendios intencionados”.

A su juicio, la falta de ayudas repercutirá directamente en el número de ganaderos activos “y por tanto en la superficie de pastos mantenida y en el número de hectáreas quemadas como fruto del aumento del matorral”.

Para UCA, la aplicación de esta propuesta “sin fundamentación técnica ni jurídica de derecho de los afectados” supone una “desviación de poder” agravada por la aplicación de una pena “sin ningún tipo de garantía procedimental en la aplicación de la ejecución y conculcando el derecho de presunción de inocencia”.

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